Para la Fiscalía General de la Nación el caso Global Brokers Asociados y entidades aliadas es un típico peligro para la sociedad colombiana que merece el más riguroso castigo de la ley, con cárcel para los responsables.

Así lo advirtió el Fiscal 36 de Patrimonio Económico seccional, Francisco Cuesta Manyoma, durante la audiencia preliminar tras la entrega de de Carlos Leal Chávez, Gina Martínez Maestre, Lourdes Torres Martínez y María Mónica Montero, cuatro de las cabezas visibles del conglomerado Global, sobre los cuales este viernes el juez segundo penal municipal decidirá si van o no a la cárcel.

“Aquí están las evidencias de que hubo ese tipo de acuerdo para captar dineros para afectar el patrimonio de muchas personas en Santa Marta, Cartagena, Bucaramanga, Cali y Barranquilla. La plata se perdió, nadie la tiene, es una estructura de alta envergadura. ¿Dónde está la plata?”, señaló el Fiscal del caso.

Luego relató las conductas de cada uno de los directivos. En el caso de Carlos Leal Chávez dijo que fue gerente en Cartagena, donde también tiene tres procesos. “Todo lo manejaba Carlos Leal, un Administrador de Empresas que conoce bien lo que pasó desde 2012 al 2014. Él estaba en el centro del poder y los contratos no se cumplían. Carlos Leal no cumplió con su profesión. Leal vulneró el Código del Comercio, lo que les importaba era el dinero, no había contabilidad, informes financieros, extractos, nada. Los clientes llegaban, pagaban y ellos se repartían la plata”.

La Fiscalía estima que la conducta de Leal Chávez tipifica los delitos de estafa agravada, captación masiva y concierto para delinquir.

Estafa porque “fue toda una estructura organizada, tanto así que le pareció rentable y creó su propia empresa con la que ya tiene 3 denuncias”.

Durante la audiencia se conoció que los mismos directivos de las tres sociedades se inculpan entre sí sobre el escandaloso caso.

El Fiscal reveló que Eduardo Vargas, uno de los dos directivos cobijados con detención intramural, señaló a Carlos Leal como la persona que “quebró” a Global Brokers, al igual que los Contadores de la empresa, llevándose toda la información.

Por eso, indicó el Fiscal, Eduardo Vargas, uno de los ‘cerebros’ de la organización, le dice a los afectados que le pidan la devolución de toda la plata a Leal Chávez.

En la misma audiencia, el Fiscal afirmó que José Gregorio Pérez Arteaga, otro de los directivos que se entregó tras ser cobijado con orden de captura, corroboró lo dicho por Vargas en el sentido de que “Carlos Leal y su nueva empresa fueron causales de la caída de Global Brokers, porque se llevó toda la información y los dejó sin clientes, los dejó con las manos abajo”.

En la audiencia se conoció que Carlos Leal  le compró a Covinoc una cartera de difícil recaudo, convenciendo a los directivos de Global Brokers que era una gran oportunidad y barata. A lo que la Fiscalía pregunta. “¿En qué se invertía el dinero que le robaban a las personas?. Carlos Leal fue reemplazado por José Pérez, actuando con el mismo concierto para delinquir”.

En el caso de María Mónica Montero, ella aseguró que los afectados la insultaban, a la salida de la URI, “porque yo era quien ponía la cara”.

Sin embargo, el Fiscal le señaló que ella es autora de concierto para delinquir por las evidencias, testimonios e interrogatorios.

“María Mónica recibía el dinero, inducía a las víctimas y colaboraba con la empresa. Era la Jefe Comercial y estaba pendiente de las actividades de Global y las sociedades aliadas con José Pérez y le ‘bailaba el indio’ a la gente. ¿Será que María Mónica Montero actúo por su cuenta?. Los testimonios acusan a María Mónica Montero como la persona de ‘bailarle el indio’ a la gente”.

En principio María Mónica Montero dijo que aceptaba los cargos, sin embargo, su apoderado judicial señaló que ella no entendió y por lo tanto le pidió al Juez la nulidad de lo expresado, a lo que este no accedió a dicha petición.

En cuanto a Gina Martínez Maestre, citó el caso de una cliente que resultó estafada. “Gina le manifestó que el banco había aprobado el proceso y la requirió para que llevara la plata a lo que la cliente accedió de inmediato. Pero al corroborar con el banco las firmas resultaron falsas, además que el banco advirtió que ellos no recibían documentos de las empresas del grupo Global. Por lo cual se le imputa el delito de estafa”.

En ese momento el Fiscal fue contundente en sus argumentos: “¿La gente esta mintiendo?”, le preguntó al Juez. “No, todo está sustentado con documentos y narraciones de las personas. Fueron actuaciones dolosas de manera reiterada contra muchas personas”.

Por eso, de Gina Martínez Maestre dijo que “estamos captando la captación. Ella no patrocinó, pero colaboró al recibir dineros y los entregaba a la empresa y se quedó con 9 millones de pesos en efectivo. Su finalidad era captar el dinero. Es evidente para la Fiscalía que Gina Martínez colaboró con esa estructura y saltamos para el concierto. Estas actividades no tienen otro nombre sino concierto para delinquir”.

De Lourdes Torres Martínez aseguró que era la Directora Comercial de confianza de José Gregorio Pérez Arteaga, para darle la “mecedora” a los clientes.

Manifestó que ella era consciente que no podían cumplirle las expectativas a los clientes y por eso “les daban la mecedora hasta que se aburrían”.

También llamó la atención sobre el “carrusel del personal”. Es decir, había cambio permanente de empleadas, de tal manera que cuando los clientes llegaban siempre eran atendidos por mujeres diferentes, lo que implicaba una olímpica “una mamadera de gallo” a la gente.

“Estas mujeres también tenían un rol para estafar. Ellas sabían que había inmuebles varias vendidos, lo cual fue corroborado por la Fiscalía tras los allanamiento. ¿Las asesoras no sabían? ¿Los directivos no sabían? ¿No había posibilidad de cumplir? ¿Será que esto no es estafa? ¿Qué beneficios tendrían? ¿Presunción de inocencia? Eso no se da. Ellos aceptaron que cada uno tenía su rol. Estos son autores o coautores de estafa, concierto, participación y captación”.

Por todas estas razones el Fiscal 36 considera que “por daños a las víctimas y a la sociedad se debe apresar de acuerdo con la Constitución y no pueden salir libres estas personas”, requiriendo al Juez sobre un “celo procedimental, asegurar que las personas no escapen a la justicia de acuerdo a las leyes”.

Además, “se debe avisar a la comunidad el peligro, la medida de detención intramural, idónea, ajustada y adecuada y que es necesaria ante la gravedad del impacto de las conductas de estos personajes. Existe libertad de empresas pero no para afectar a la sociedad o el Estado. Pudo haber una desgracia cuando la gente llegaba a cobrar por su propia mano. La intramural es una medida  para que las víctimas sean protegidas porque ya crearon otras empresas y son un peligro para la sociedad. Es decir, siguen creando empresas y no pasa nada. No pueden continuar con esta actividad criminal y la sociedad necesita protección”.

Y puntualizó: “El negocio que se montó es jugoso. La medida que se está solicitando es sagrada y usted, señor Juez, no puede ceder. Los delitos imputados están estructurados en las denuncias, interrogatorios, contratos, fotos, cheques y toda clase de evidencias”.